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III Jornadas de Derecho Parlamentario 2013
Escrito por Alejandro Turis   
Lunes, 21 de Abril de 2014 00:00

En la sala Pedro Montt de la Biblioteca del Congreso Nacional se dio inicio a las III Jornadas de Derecho Parlamentario. El evento realizado el 17 de julio comenzó con los discursos de inauguración de don Miguel Landeros Secretario General de la Cámara de Diputados, quien aprovecho el momento de para leer un saludo del Presidente de la Cámara de Diputados de Chile, diputado señor Edmundo Eluchans, luego tomo la palabra el presidente de la Sociedad de Derecho Parlamentario, don Rodrigo Pineda G, quien invito a los asistentes a abordar con altura de miras el desarrollo de estas jornadas.

En este evento que contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas el Segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, diputado Roberto Delmastro N., dio pie también al lanzamiento del segundo número de la Revista 50 + Uno, para ello hizo uso de la palabra su director, el señor Rodrigo Obrador, quién expuso los contenidos de este número y dio cuenta de una reflexión sobre el actuar político y su relación con la ciudadanía.

Para cerrar el evento de inauguración tomo la palabra don Gonzalo Vicente director de la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, quién genero una invitación abierta a todos a ser parte de lo que se espera sea un buen momento de reflexión de sobre el Control de constitucionalidad de las leyes y el parlamento.

La jornada del 18 de julio comenzó con los discursos de bienvenida que corrieron por cuenta del Director (S) de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Felipe Vicencio, luego el Presidente de la Sociedad de Derecho Parlamentario, el señor Rodrigo Pineda quién abogó por que el espacio de discusión y conversación de la Jornada permita tener los escenarios que se visualizan en Chile y el mundo con relación al cómo se ejercen los controles de la constitucionalidad de las normas.

 

 

En orden de exposiciones, abrió el segundo día de seminario don Luis Rojas Gallardo, Prosecretario de la Cámara de Diputados de Chile, magíster en Derecho Constitucional de la U. Complutense de Madrid, quien hizo un recorrido histórico sobre la experiencia chilena de control de constitucionalidad. 

De este modo, expuso los primeros antecedentes en este sentido, durante el siglo XIX, ejemplificando con la Carta Fundamental del año 1833, en la cual se establece que la Corte Suprema auto restringía sus capacidades, declarando que las magistraturas no tenían la capacidad de declarar la inconstitucionalidad de una ley.

Posteriormente, su exposición salta un siglo con la Constitución Política de 1925, la que le dio a la Corte Suprema la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las normas, a través de recursos de inaplicabilidad de preceptos legales contrarios a la Carta Fundamental. A pesar de ello, hasta 1946 el máximo tribunal se restringió en sus labores, solo aplicando su capacidad a asuntos de fondo y no de forma, es decir, ejerciendo un control abstracto y no aplicado de casos concretos.

Posteriormente, en la década de 1960, se comenzó a discutir en el ámbito académico la necesidad de crear un órgano que fiscalizara al Parlamento. Este órgano se materializó bajo el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, con la realización de reforma judicial que creó el año 1970 el Tribunal Constitucional (TC).

Disuelto en 1973 por el Régimen Militar, se restablecen sus funciones mediante la Constitución de 1980, referidas específicamente al control de constitucionalidad preventivo y a posteriori, mientras que la facultad de determinar la inaplicabilidad quedó para la Corte Suprema.

Ya unas décadas más adelante, el Prosecretario de la Cámara de Diputados destacó la reforma judicial del año 2005, se solidifica la figura del TC, el cual - según Rojas- ha establecido el monopolio del control de las leyes, ya que todos los órganos del Estado deben someterse a su control. Dentro de las reformas introducidas, está la posibilidad de que el TC invalide preceptos legales, a diferencia de la situación anterior, donde el Poder Judicial debía derogar la ley. Adicionalmente, evita las interpretaciones de la Corte Suprema sobre la inaplicabilidad.

La crítica de Rojas radica en las excesivas instancias y prerrequisitos para pedir la inconstitucionalidad ante el TC, lo que sumado a las características definitivas e inapelables de sus fallos, lo transforma en un poder en colisión con los poderes del Estado. Asimismo, destacando los aspectos positivos, destacó el hecho de que en Chile las leyes permiten un equilibrado control de la constitucionalidad, que no ha sido utilizado políticamente, y que el TC es un órgano eficiente en ese sentido.

La experiencia de Argentina

Posteriormente expuso en la jornada don Mariano Gervan, Secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados de la nación Argentina y Director del Centro de Estudios Legislativos de la Universidad Católica de la Plata, Argentina.

Este panelista expuso la experiencia histórica de Argentina sobre el control constitucional, el que desde sus inicios estableció diferencias con el resto de las naciones latinoamericanas.

En esencia, el control constitucional argentino es difuso, y proviene de la llamada Common Law anglosajona, caracterizada por basarse más en la jurisprudencia que en las leyes positivas.

En esta tradición, no hay una práctica asentada sobre la existencia de un tribunal que actúe como un tercer legislador, o como un “legislador negativo”. El antecedente más antiguo en esta materia se da en Inglaterra es el fallo de Edward Cok, en 1616, donde nace la idea de que hay una “ley fundamental” por sobre el rey y el parlamento. Este hecho abrió la puerta al posterior “Judiciary Review”, en donde se revisaban las facultades de dichas autoridades en relación al Common Law.

Posteriormente, Gervan expuso el antecedente de cuando en los EE.UU. surge la idea del “Pacto Constitucional” expresado en el Mayflower Compact, documento fue redactado por los Padres Peregrinos, los inmigrantes que cruzaron el Atlántico a bordo del Mayflower, buscando libertad de culto. En este contexto surge la idea de que la Corte Suprema adquiere la autoridad de declarar a la Constitución como Ley Suprema, así como la revisión de la ley.

El docente argentino también citó el fallo Marbury vs Madison (1803), donde se sentaron los precedentes dentro de la jurisprudencia estadounidense, afirmando la capacidad de los tribunales de realizar control de constitucionalidad, tradición que fue recogida por el país trasandino.

La Corte Suprema es la que hace las declaraciones sobre la inconstitucionalidad de las layes, a pesar de que no exista en la Constitución una ley que le otorgue esta facultad. En el caso Sojo (1887) es donde la Corte impone esta doctrina, que nunca ha sido cuestionada. Este fallo introdujo el modelo norteamericano de control de judicial constitucionalidad de los actos de los demás poderes. Podrá decirse que "Sojo" es una copia indudable de Marbury vs. Madison, pero aún así se logra en la Argentina la importación de algún modo de la doctrina del judicial review en sus primeras épocas.

La Corte Suprema de Argentina, en su actuar, ha dejado sin efecto varias normas emanadas del Congreso, como la ley de obediencia y punto final, que amnistiaba a los procesados por violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura (1976 – 1983), así como la ley de divorcio vincular, entre otras, lo cual ha traído consecuencias a nivel judicial, generando procesos como el inicio de muchos juicios sobre crímenes de lesa humanidad relativos al régimen militar argentino.

Adicionalmente, Gervan mencionó la existencia de un debate actual sobre el rol de la Corte, esto en relación al caso relativo al Juez de la misma corte, Carlos Fayt, donde, luego de que éste representara un recurso a fin de evitar su jubilación del cargo, la Corte declaró la nulidad del precepto, eliminando la edad de 75 años para la jubilación de los jueces de la corte. Lo que destaca de este hecho, es que por primera vez, en el contexto de la impugnación de una norma, es que se aplica su efecto de manera general y no al caso concreto.

A modo de cierre el destaca la diferencia del control de constitucionalidad argentino, el cual es judicial y difuso, así como que la llegada a estos fallos es de manera incidental, es decir, la inconstitucionalidad se aplica a casos concretos y no para lo general. Por otro lado menciona que se ha presentado en Argentina un proyecto con el fin de crear un Tribunal Constitucional, lo cual implicaría una reforma constitucional, un proceso bastante complicado en Argentina debido a los altos quórums exigidos para ello; sin embargo, no es una iniciativa que cuente con apoyo a nivel legislativo.

Enfoque peruano sobre constitucionalidad

Finalmente, el tercer expositor de este panel, César Delgado, académico de la Universidad Católica de Lima y Jefe de la Relatoría y Agenda del Congreso de la República del Perú, quien presentó la experiencia peruana relativa al control de constitucionalidad.

Mencionó que la única referencia durante años a esta función se encontraba en el Código Civil de 1936, donde se menciona que los jueces deben preferir la Constitución a la hora de legislar. Posteriormente, en la Constitución de 1979 por primera vez que se crea un Tribunal Constitucional, concepto inspirado en el Derecho español. Sin embargo, sus facultades eran muy limitadas. Con el golpe de Estado de 1992, donde Alberto Fujimori toma el control de los poderes del Estado peruano, se suspenden las funciones del Tribunal.

Delgado hace énfasis en los problemas constitucionales de Perú, así como de su sistema político, mencionando que se crea una gran cantidad de leyes que muchas veces “no respetan el sentido común”, pero que éste es un hecho que el Tribunal Constitucional no puede solucionar, ya que es un problema de base del sistema político peruano. Sumándose a lo anterior, está el hecho de que de las más de 76 mil resoluciones del tribunal, solo 15 de ellas –referentes a inconstitucionalidad- han sido declaradas como fundadas, dejando en evidencia el casi nulo poder de este organismo en el ámbito para el cual fue creado.

Por otro lado, plantea que la existencia del Tribunal Constitucional como máximo interprete de la Constitución no debe ser tal, porque en primer lugar, está asentada la idea de que el Parlamento es el intérprete de la Constitución, adicionalmente, destaca la existencia de las acusaciones constitucionales, donde los mismo magistrados del Tribunal pueden ser emplazados, de manera que se genera una contradicción de poderes.

A modo de cierre, hace énfasis en la necesidad de que Perú solucione sus problemas internos mirando hacia dentro, y no recurriendo a experiencias extranjeras, ya que él declara, hasta ahora esto no ha tenido muy buenos resultados.

Segundo panel

En el segundo panel de la Jornada, expuso Gonzalo García, doctor en Derecho Constitucional y Ministro del Tribunal Constitucional chileno. Abrió su exposición diferenciando el control de constitucionalidad concreto versus el control abstracto -en el caso de EE.UU.

García analizó el control facultativo y obligatorio en Chile dentro del periodo desde el 2006 al presente, destacando que en el período se dictaron 166 sentencias de control preventivo, donde 2 leyes fueron declaradas inconstitucionales, y 23 fueron objetadas de manera parcial, lo cual representa un 15% de las leyes enviadas para revisión a TC.

Agrega que hay una discrepancia en relación a lo que es considerado como Ley Orgánica entre el TC y el Congreso, en donde los dictámenes del TC no han sido suficientes para ilustrar al Congreso en su actuar.

El problema de esta situación está cuando el TC estima que deben revisarse todos los proyectos de ley, como garantía de control, pero que muchas veces se carece de precisión sobre lo que se busca con ello.

Francisco Zúñiga, postgraduado en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Chile centró su exposición en torno a las leyes orgánicas de competencia general, donde sólo 2 de éstas no nacieron producto de la junta militar, es decir, estas son en realidad decretos ley y solo tienen el nombre de leyes orgánicas. Estas son las conocidas “leyes de amarre” o de supermayorías.

Menciona que la opinión del TC ha cambiado sobre la definición de lo ‘orgánico’, y que con la ley de de los Consejeros Regionales vuelve a su concepto original expansivo.

Sostiene que a pesar de la reforma judicial del 2005, la concepción de la ley orgánica por parte del TC es muy restrictiva. Por ello, ha surgido la idea de eliminar las leyes de supermayoría en Chile.

Cambiando de tema, menciona que el control preventivo es esencialmente político, y sobretodo en presidencialismos minoritarios como el nuestro, es una herramienta del ejecutivo para contrarrestar el actor del Congreso, pero que esto puede resultar al final perjudicial para el TC. Su opinión, es que el TC no ha terminado de tener una autocomprensión de sí mimos como un tribunal y no como un órgano político.

Finalmente expuso Alan Bronfman, doctor en Derecho Constitucional de la U. Autónoma, quien también realizó un análisis filosófico - histórico de los controles de constitucionalidad.

Para Bronfman, en el siglo XIX no se ponían dudas que el control constitucional la ejercían las Cámaras de Diputados y del Senado, dentro de la separación de poderes el que es reformado en el siglo XX donde se le añade un control externo jurisdiccional especial u ordinario. Luego, creo que parte de los problemas que se observan en los análisis tienen que ver con la invasión del criterio de este tipo de controles en un sector que no les corresponde. Esto se manifiesta en los criterios de control de constitucionalidad políticos en sedes jurisdiccionales y viceversa. El docente entiende que hay una frontera, la que es bastante porosa.

Al poder Legislativo obviamente le corresponde un control de carácter político. Asimismo, en el ejercicio de la función Legislativa al Congreso Nacional le corresponde cierta función de resolución de conflictos. El desarrollo político dice relación de intereses de sectores de la sociedad representados en el parlamento y que están en competencia. En ciertas ocasiones el legislador se siente compelido a actuar, pero se choca con la apretada agenda legislativa, y sumados los controles de constitucionalidad, siente que la urgencia de la legislación se ve trabada. Por otro lado nos encontramos cuando los controles de constitucionalidad dejan sin efecto una norma que constituía la base de la resolución de un conflicto de intereses, y que genera una necesidad de imponer en la agenda legislativa una solución jurídica de de reemplazo.

No es sencilla la solución de un asunto complejo en una agenda legislativa comprimida y por lo mismo, el Poder Legislativo puede no querer abordar un problema jurídico complejo y eso nos lleva a que la intervención de la justicia constitucional, pueda generar inseguridad jurídica.

La frontera entre el control de constitucionalidad propiamente jurisdiccional y el político, tiene al menos tres ámbitos: durante la tramitación del proyecto, durante la discusión del proyecto y un control a posteriori. El primer control, es el de admisibilidad de ambas Cámaras legislativas, las que han tenido que enfrentar diversos problemas por la preeminencia de la figura del Presidente de la República y por diferencia de criterios entre ambas Cámaras.

Cabe recordar que la reforma de 2010 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional incorporó un mecanismo de comisión mixta para resolver discrepancias en la admisibilidad de ambas Cámaras.

En el control a posteriori, en la medida que tenga un componente importante de resolución de conflictos se asemeja a la actividad jurisdiccional. Sin embargo, la misma naturaleza del asunto resuelto lo lleva a un carácter general, se confunden en el control a priori cuestiones abstractas.

En el ámbito de la política hay dos cuestiones: una es el pactum societatis y el otro es el pactum subjetionis. El primero es aquel que tiene que ver con la unión de la comunidad política entendida como una actividad dirigida a facilitar loa convivencia. El segundo dice relación con las obligaciones de los gobernantes y gobernados con el buen gobierno. Entiendo que la labor del TC tiene un componente político, pero que está en comunicación con este pactum societatis.

Videos de la Jornada (Generados por la BCN)

Textos y fotos del evento, gentileza de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

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Última actualización el Viernes, 23 de Mayo de 2014 19:58