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Sextas Jornadas de Derecho Parlamentario 2016
Escrito por Alejandro Turis   
Jueves, 10 de Agosto de 2017 00:00

El jueves 24 de noviembre de 2016 se realizó, en el salón de los presidentes de la Cámara de Diputados de Valparaíso, las Sextas Jornadas de Derecho Parlamentario, cuyos ponentes fueron Enzo Solari, profesor de Filosofía del Derecho de la Pontifica Universidad Católica de Valparaíso; Christian Viera, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso, y Sebastián Soto, profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La inauguración de esta jornada estuvo a cargo del presidente de la Sociedad de Derecho Parlamentario, Rodrigo Pineda, quien recalcó la importancia de espacios de este tipo para generar debate. Al respecto manifestó: “Es importante fomentar el diálogo entre el mundo académico y los profesionales que nos desempeñamos en el Congreso Nacional”.

A continuación, el director de la Academia Parlamentaria, Gonzalo Vicente, señaló que por sexto año consecutivo, la intención de la actividad ha sido reunirse para poder generar un espacio de reflexión sobre temas de interés jurídico y político. “Las materias que evocaremos en esta jornada sin duda ocupan la atención política y académica en estos tiempos”, expresó.

 

 

Vicente agregó en su discurso que numerosas constituciones en el mundo reconocen la existencia de los derechos sociales. En el caso particular de Chile, explicó que el capítulo III de la Carta Magna establece los Derechos y Deberes Constitucionales de la Personas y estatuye la acción de protección destinada a su tutela judicial, sin embargo “dicha acción no cubre la totalidad de los derechos constitucionales, quedando excluidos de aquella los llamados derechos sociales, como el derecho a la salud, el trabajo, educación, entre otros”.

 A su turno, el jefe del Departamento de Servicios Legislativos y Documentales de la Biblioteca del Congreso Nacional, Rodrigo Obrador, presentó el cuarto número de la publicación que aborda diferentes temas relacionados con los derechos y deberes de quienes conformamos la sociedad y el rol que desempeña el Parlamento en estos asuntos. “En este número deseamos contribuir al debate acerca de nuestro texto constitucional. Debemos pensar nuestras instituciones políticas y fundamentales y buscar caminos para hacerlas más democráticas”, afirmó.

 En relación al asunto a tratar en esta jornada, señaló que “en un sistema democrático representativo, esta definición corresponde en buena medida a la mayoría. El carácter heterónomo de la norma jurídica se ve atenuado justamente en el ejercicio democrático, ya que los ciudadanos al elegir a sus representantes, participan indirectamente en la definición de los contenidos normativos que impulsa el legislador”. De esta forma, recalcó, “la legislación, al desplegar en la realidad políticas públicas generales, especiales o subsidiarias, lo que hace es finalmente el establecimiento de derechos y obligaciones. Luego, el poder judicial va configurando la frontera del ejercicio de los mismos”, culminó.

 Derechos sociales y justicia constitucional

El académico Enzo Solari, primero que todo, enjuició la tesis de Fernando Atria que dice que los derechos sociales no deben ser institucionalizados como derechos subjetivos que protegen primo et per se un interés particular de sus titulares exigibles en concreto judicialmente, sino de acuerdo con instituciones determinadas democráticamente que protegen una dimensión de la ciudadanía caracterizable no tanto por el interés de cada cual sino también por el interés recíproco y general.

Expuso que “la tesis de Atria ha sido intensamente desafiada por otras instituciones y prácticas nacionales e internaciones que sí los protegen con algunos mecanismos de justiciabilidad tanto constitucional como ordinaria. El derecho comparado es claro al respecto”. En este aspecto, recordó el mencionado Brown v. Board of Education of Tapeka (1954), uno de los casos inaugurales de justiciabilidad de derechos sociales como el derecho a educación y que sigue siendo paradigmático en la materia. Aquí, la Corte norteamericana acusó, a partir de la 14a enmienda, no a la inequidad en particular de algunos casos de escuelas segregadoras, sino la del entero sistema de educación estatal estadounidense, diciendo que la separación –la generalizada segregación de niños blancos de los negros en las escuelas públicas- volvía imposible la igualdad.

Sin embargo, señaló que la justiciabilidad de los derechos sociales en un proceso adversarial concreto, como también lo planteó Atria, resulta “centralmente acertada”, ya que “hay ciertas dificultades en la operativa de estas premisas, principalmente por la constitutiva falibilidad y aun la frecuente inoperancia de los órganos políticos parlamentarios y administrativos”.

Posteriormente, Solari manifestó que en Chile hay un constitucionalismo débil, en razón de que hace falta una reflexión rigurosa sobre la justificación general de la judicial review (autoridad dada a las cortes de justicia superiores para concretar si cierta ley no va en contra de la constitución), así como sobre la justificación especial de la misma mediante la ponderación de diversas modelaciones institucionales, “particularmente de aquellas en las cuales se mantiene un órgano que ejecute control en abstracto de constitucionalidad, sin que tal control despoje al parlamento de tomar las decisiones políticas últimas en materias de derechos y respecto de los alcances de las normas constitucionales, pero obligando a un diálogo deliberado en el que tanto el órgano contralor como el controlado –el parlamentario y el administrativo- tengan que justificar explícita y muy públicamente sus argumentos contrarios o favorables a la constitucionalidad de la legislación y de sus normas administrativas”, explicitó.

Si se quieren pistas institucionales más particulares, pero añadiendo algunas variantes que las puedan mejorar, sugirió considerar el modelo ideal que ha esbozado S. Linares, cuya propuesta delinea un esquema en el cual, en primer lugar, los jueces inferiores a la Corte Suprema (o Tribunal Constitucional) sólo pueden pronunciar declaraciones de incompatibilidad respecto a las leyes contemporáneas. En segundo lugar, autoriza a las Cortes Supremas a declarar la invalidez de una ley o acto normativo con carácter general. Un sistema como este permite que las declaraciones de incompatiblidad de los jueces inferiores funcionen como un mecanismo de alerta, que le advertiría al Congreso que, si el caso llega al alto tribunal, la decisión política tiene probabilidades de ser vetada.

Este modelo, cree, “tiene el mérito de tratar de salvar la deliberación democrática entre cortes y legisladores, tanto por lo que tiene de diálogo (al forzar la argumentación no sólo del juez sino también, y precisamente, del legislador y aun del administrador), y por lo que tiene de democrático (al otorgar la última palabra al órgano representativo). Dispositivos como los que incluye hacen al menos probable que el legislador, pudiendo finalmente hacer prevalecer su voluntad, tenga que involucrarse en un dialogo razonado que lo fuerce a escuchar la argumentación de los jueces, a responderla públicamente con una batería de argumentos tan apropiados como pueda, e incluso confirmar luego de una elección parlamentaria su propia revalidación de aquella legislación que hay sido invalidada judicialmente”.

 El dilema del estado social y el problema de la desigualdad

El docente Christian Viera empezó su presentación recordando que el Estado social irrumpe con fuerza como fórmula política tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo recalcó que “hoy estamos siendo testigos de una crisis del Estado social de mayor envergadura a la experimentada en las décadas de los setenta, por la crisis del petróleo o los ochenta, por la irrupción de Reagan y Thatcher al poder. Hoy en Europa existe un fuerte empuje hacia una política de austeridad fiscal, de limitación del gasto público y de sustraer al Estado sus facultades de planificación de la economía. Se ha responsabilizado de la crisis económica europea a los excesos benefactores de los Estados, principalmente de la periferia europea: Grecia, Italia, España o Portugal. Y ‘la recomendación’ desde la Unión Europea (UE) ha sido la implementación de un ajuste fiscal severo”.

Agregó que “este nuevo paradigma incluso tiene impacto constitucional ya que, por ejemplo, la Constitución española fue reformada en 2011 y la nueva redacción del artículo 135 incorpora las medidas para contener el déficit de acuerdo a los programas implementados desde la UE”.

Luego abordó la relevancia que tiene el financiamiento de las campañas políticas y el de la política misma, manifestando que “no hay altruismo” en el financiamiento de esta última”, ya que – según su opinión- empresas y financistas “no son filántropos”. Argumentó que “quienes pagan por apoyar un proyecto, tarde o temprano esa inversión querrán recuperarla, en este caso, a costa de prebendas desde la Administración del Estado o con un tipo de legislación ad hoc. Los casos Penta, SQM, Corpesca y tantos más que comienzan a aparecer en Chile son una pequeña muestra de la cooptación del sistema político por el dinero. Y parece ser que los fenómenos de Sanders, Trump, Podemos, Corbyn, brexit, son un grito desesperado que tiene su origen en la concentración de la extrema riqueza”, ejemplificó el académico.

Respecto a la desigualdad, Viera dijo que en el siglo XX es posible observar una atenuación de esta en los países desarrollados entre las décadas 1900-1910 y 1950-1960, la que se explica ante todo por las guerras y las políticas públicas implementadas después de esos conflictos. No obstante, citando el libro “El capital en el siglo XXI” del doctor en economía, el francés Thomas Piketty, su incremento desde la década de 1970-1980 “obedece mucho más a los cambios políticos de los últimos decenios, sobre todo en materia fiscal y financiera. La historia de las desigualdades depende de las representaciones que se hacen los actores económicos, políticos y sociales, de lo que es justo y de lo que no lo es, de las relaciones de fuerza entre esos actores y de las elecciones colectivas que resultan de ello; es el producto conjunto de todos los actores interesados”.

Posteriormente señaló que si la evidencia y la literatura da cuenta de un panorama desolador en materia de igualdad, cabe hacerse la pregunta: ¿hay porvenir para el Estado social? “Puede ser que sí, pero con modificaciones a la idea original”, respondió, anticipando que “la abolición del Estado social exigiría la abolición de la democracia política, los sindicatos y el sistema de partidos, lo que implica cambios dramáticos en la estructura de la sociedad”.

En el caso de Chile, desde la perspectiva de una democracia social existe una deuda en relación al rol del Estado, reclamó Viera. ”A pesar de la relativización operativa a los paradigmas del neoliberalismo descarnado impuesto hasta 1990, persisten los desafíos para una sociedad con mayores niveles de cohesión. Ha habido progresos, no cabe duda; en términos de Atria, el neoliberalismo de los últimos veinte años ha adquirido rostro humano, pero sigue siendo el Estado de Chile uno de corte neoliberal”.

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valparaíso concluyó su charla afirmando: “La materialización de un Estado social es realidad y tarea. No agota su funcionalidad en la declaración semántica si no se proyecta hacia el futuro. Es evidente que, en el devenir de la historia, habrá momentos en que la materialización práctica de su contenido será más accesible que en épocas marcadas por las crisis, sin embargo, la aspiración del Constituyente por generar un estadio en que igualdad material y justicia social, debe ser patrimonio de todos y no de grupos privilegiados”.

Las distinciones de la política social

El profesor Sebastián Soto comenzó exponiendo sobre la configuración de los derechos sociales, que según su juicio, “todos tienen una faceta negativa (individual) y positiva (social)”

Explicó que la distinción entre ambos tipos derechos “pasa más que por los costos de concreción, por la naturaleza misma de los derechos que están en juego que, por ser diversa, tiene necesariamente implicancias económicas en lo que se refiere al costo de satisfacción. En efecto, el modo como se concretan los derechos individuales y los sociales es diverso. Mientras para hacer exigible el derecho de propiedad se requiere de hechos concretos y determinados con límites conocidos, para hacer lo mismo con el derecho a la salud de todos los ciudadanos se requiere de acciones positivas, cuyo límite no está determinado pues nunca termina por satisfacerse. Y si hace cincuenta años el derecho a la salud implicaba condiciones mínimas de salubridad en la ciudad, hoy ese mismo derecho tiene una carga diferente que incluso llega a motivar el financiamiento de viajes al extranjero”.

Luego aclaró que la distinción está en la estructura del derecho y que el estamento que debiera garantizar los derechos positivos es el Estado, ya sea en salud, propiedad privada, etcétera.

A continuación abordó el rol del legislador y los jueces, manifestando a la audiencia la interrogativa de ¿si pueden las cortes provocar un cambio social?, respondiendo que de acuerdo a la experiencia de Estado Unidos “este rol le compete a las políticas públicas”.

Enseguida Soto citó el estudio “Constitutional Rights and Education: An International Comparative Study” (septiembre de 2014) que realizó el magíster y doctor en Economía de la Universidad de Chicago, Sebastián Edwards, junto al también economista Álvaro García. Basado en datos de la Prueba Pisa, rendida en 65 países en el año 2012, concluyeron que “no hay ninguna relación estadística entre el grado de protección constitucional de la educación y la calidad del sistema educativo”. Aún más, la calidad de la educación, no tiene que ver con lo que se escriba en la Carta Fundamental. “La calidad educativa tiene que ver con la infraestructura escolar -por ejemplo, tener una biblioteca bien surtida en el colegio es muy positivo-, con el presupuesto por estudiante, con las condiciones socio-culturales de las familias, y con la calidad de los profesores (nivel de entrenamiento, certificación y otros)”, especificaron los expertos.

Al rato recalcó que “debemos dejar de pensar que la consagración de derechos tienen efectos reales en los derechos sociales, porque esto quita el foco a la política y a la labor del legislador”.

 A reglón seguido enfatizó que “los derechos sociales ya están consagrados en la constitución y que no hay que perder el horizonte en ello”.

Respecto al rol del juez en la política social dijo: “Este debe ser diferente al papel del legislador”. Agregó que “no son ellos los llamados a definir los mecanismos como el Estado asume el rol de protector de un derecho. Como ciudadanos podrán votar y apoyar a aquellos legisladores o tendencias políticas que asuman un cierto modo de protección de los derechos o, en otras palabras, que promuevan ciertas políticas públicas y no otras para protegerlas. Como jueces, en cambio, deben mantener un fino equilibrio entre aplicar una disposición que reconoce un derecho de un modo general, pero sin concreciones mayores y las decisiones que tomen los demás poderes del Estado para adoptar una determinada política pública con miras a proteger dicho derecho”.

 Y lo mismo pasa con el presupuesto de la nación. “Los jueces no tienen nada que decir ahí, ya que eso se debe discutir en el Congreso”, cerró su presentación el profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

 

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional

Última actualización el Jueves, 10 de Agosto de 2017 15:43